Fuentes confiables del alto gobierno boliviano, que pidieron
el anonimato, revelaron que el primer intento de golpe de Estado contra Evo
Morales está planeado para este miércoles, 11 de octubre. El uso de
francotiradores en la matanza de Huanuni, que causaron siete muertos, indica la
participación de los golpistas en los disturbios mineros. Militares chilenos
estarían involucrados en la conspiración.
1. Buscando Generales matones
Hace algunas semanas, oficiales
de la policía boliviana se acercaron a
generales de las Fuerzas Armadas de Bolivia (FAB), investigando su
disposición para dar un golpe de Estado conjunto. Tal como sucedió en el caso
chileno con el General constitucionalista René Schneider, y en Venezuela con el
General Raúl Baduel, también en Bolivia uno de los militares claves para el
éxito de la asonada, se negó a participar e informó al Presidente. Ahora siguen
los preparativos sin él. Y siguen los anuncios en la radio que elogian al
“ejército patriótico que mató al Che Guevara y la subversión”.
Los militares nunca dan un
golpe de Estado en el aire, me dijo hace siete años el amigo, General Alberto
Mueller Rojas, hoy día, miembro del Estado Mayor Presidencial de Hugo Chávez.
Es esta lógica que se observa desarrollar actualmente en Bolivia. Todo un
bloque conspirativo compuesto por diferentes fuerzas sociales y estatales trabaja
aceleradamente para acabar con el Presidente Evo Morales.
2. La conspiración
institucional
Los prefectos (gobernadores)
de los Estados energéticos y separatistas Beni, Pando, Santa Cruz de la
Sierra y Tarija, promueven la conformación de los llamados “Comités
Civiles”,
que son las cabezas de lanza de la subversión política visible. Tanto
los
prefectos como los comités cívicos han entrado en franca rebelión
contra el
gobierno constitucional de Evo Morales, al declarar que “no acatarán la
Constitución Política del Estado emergente de la Asamblea
Constituyente, en caso de que esta no sea aprobada en todos sus
artículos por los dos
tercios de votos” de los constituyentes. Advierten avanzar en las
“autonomías
departamentales”, si no se cumple esa condición suya.
Cuentan, por supuesto, con el
apoyo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ---tan reaccionaria y corrupta
como sus demás homólogos burgueses en el mundo--- que le proporciona a la insubordinación
la apología del delito.
Ante la reciente declaración
de la Asamblea Constituyente de considerarse
“originaria, plenipotenciaria y funcional”, es decir, no restringida en su
construcción del nuevo Estado por la normatividad existente, los magistrados
sostienen la posición de los prefectos facciosos. Dictaminan que según el derecho constitucional el poder
de la Asamblea Constituyente no es “originario-fundacional” sino “derivado-reformador” y, por lo
tanto, subordinado a la legislación vigente que exige los dos tercios de los
votos.
3. La conspiración social
Los comités civiles cuentan con el
financiamiento de sectores empresariales y la colaboración de altos oficiales
de la policía, por ejemplo, coroneles. Sus actos son inflados y promulgados por los medios de comunicación
privada, muchas veces con los patrones
de la propaganda fascista que se usan en Venezuela contra el gobierno de
Hugo Chávez. Algunos de los más importantes medios están en manos de magnates
capitalistas con fuertes inversiones agrícolas en las provincias separatistas y
que temen la reforma agrícola del gobierno.
En lo social, las asociaciones de padres de familia ---por lo
general reaccionarias y controladas por la Iglesia en América Latina--- en alianza con sectores del magisterio y los
colegios y universidades privadas promueven paros, bloqueos y manifestaciones
contra el gobierno. Sectores energéticos tratan de generar escasez de diesel y
gasolina, a fin de producir malestar entre la población.
4. El modelo de Chile
Al igual que en Chile, los
transportistas tienen la función de quebrar la economía y la paz pública con un
paro nacional, convocado para el miércoles de la próxima semana, con la
intención de hacer confluir todos los sectores anti-gubernamentales en un gran
frente desestabilizador.
Refiriéndose explícitamente al
paro subversivo de los transportistas chilenos contra Salvador Allende (1972),
financiado por la CIA estadounidense, Evo Morales calificó
hace tres días al paro boliviano como un paro “ideológico”: “Es la lucha del
poder”, dijo el líder popular y dejó claro lo que está en juego: “o los grupos
gamonales (elite, H.D.) , o los movimientos populares”.
Tiene toda la razón Evo, como
revelan los documentos del Church Committee
(1976) y las recientes memorias del líder militar de la organización fascista
chilena “Patria y Libertad”, Roberto Thieme, sobre su colaboración
subversiva con la Marina de Guerra y los transportistas chilenos en la destrucción del gobierno
de la Unidad Popular.
5. El costo político de Huanuni
Aprovechando el
enfrentamiento armado entre cooperativistas
y asalariados mineros en Huanuni, Departamento de Potosí, que ha dejado
alrededor de quince muertos y más de cien heridos, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, se desplazan peligrosamente hacia este frente
desestabilizador y antagónico al
gobierno, mientras la Federación Nacional de Cooperativistas
Mineros (Fencomin) rompió su alianza política con el Movimiento al Socialismo
(MAS), el partido de gobierno.
El conflicto de Huanuni es de
origen económico. Se produjo por el intento de unos cuatro mil cooperativistas
mineros de la Fencomin, clientela del Ministro
de Minería Walter Villarroel, de quedarse con la explotación de la más rica
mina de estaño de Bolivia, Posokoni, expulsando de manera violenta a unos mil
mineros asalariados de la empresa estatal COMIBOL.
La Fencomin es una organización pequeñoburguesa depredadora que bajo los débiles
gobiernos de Carlos Mesa y Rodríguez Veltzé se convirtió en un poder económico y político
expansionista y antiético. Ya en mayo y junio del 2004, tomó las minas de
Caracoles y Colquiri, desalojando por la fuerza a los mineros estatales y sus
familias.
El gobierno de Evo fue
sorprendido por la violencia en Hunani. Y ante la disyuntiva de matar a mineros
con las Fuerzas Armadas, por una parte, o de ser acusado de “negligencia” y “ausencia del Estado”, por
otra, pasaron alrededor de 30 horas de respuesta energética, que se
convirtieron en una bonanza propagandística y política para la derecha. Esta
aprovechó al máximo su hegemonía en los medios de comunicación y, muy semejante
a la manipulación mediática durante los días del coup d´etat en Venezuela (2002), ha golpeado incesantemente al gobierno.
6. La Falange internacional
En Bolivia se sigue
minuciosamente el manual de la subversión estadounidense. La máquina facciosa
es lubricada con dinero, patrones propagandísticos y programación política-paramilitar
por el imperialismo estadounidense que después del 11 de septiembre, 2001 puso
a Evo Morales en la lista negra que usan las fuerzas de seguridad de Estados
Unidos para rastrear a “terroristas”.
Los cómplices de la Unión Europea y las transnacionales energéticas complementan la falange subversiva.
“BP-Tony”, Primer Ministro británico y agente
político de la British Petroleum, ha instigado a las
empresas energéticas del Reino Unido que no inviertan en el gas de Bolivia.
Lo que Tony Blair hace en lo oscurito
de Downing Street 10, la transnacional
brasileña-internacional, Petrobrás, lo hace con obscena transparencia.
Administrada, de hecho, por los banqueros de Wall Street y la City en Londres, ha desplegado una actitud depredadora y neocolonial frente a Bolivia y los
demás países latinoamericanos, que hace palidecer el comportamiento de algunas otras
transnacionales occidentales. A semejanza de la Repsol, y antes PdVSA, es esencialmente una fachada para la penetración de la
petrocracia y el capital financiero anglo-estadounidense, con una despiadada política
neocolonial, que requiere urgentemente
la organización de un boicot de todos sus productos en toda América Latina,
para quebrar su parasitaria tecnocracia chovinista-imperial y, también, para
fortalecer a Lula.
La desaparición forzada de
Jorge Julio López en Argentina evidencia de nuevo una ominosa verdad, que la
opinión pública latinoamericana no quiere escuchar y, mucho menos, reconocer:
que el poder de las oligarquías criollas sigue intacto en toda Sudamérica. Y
que, como escribí en un artículo anterior, no ha sido tocado ni será tocado
seriamente por los gobiernos desarrollistas de la región.
Parte esencial de este poder
son los militares y las redes continentales del terrorismo de Estado de
Washington, que en muchos casos son las de la “Operación Condor”. El reciente
intento de asesinato del Presidente Chávez en el Zulia, en el cual el sicario
logró escapar a Colombia, al igual que la participación de militares chilenos
en reuniones de los conspiradores bolivianos, evidencia este escenario.
Chile tiene, por supuesto,
un vital interés en mantener el suministro del gas boliviano a precios bajos,
interés contra el cual atenta, como en el caso de Petrobrás y Repsol, la
política de Evo de recuperar las condiciones de comercialización de los
hidrocarburos nacionales.
7. Abortar el golpe de Estado
Todos quieren remover al
“indio” Evo que perturba los negocios, al igual que al “negro” Chávez en
Venezuela. Para Chávez, después del
golpe militar fracasado, el medio de “remoción” seleccionado es el veneno o el
accidente. En Bolivia, los gamonales y sus padrinos imperiales coinciden en que
un golpe militar podría ser el medio adecuado.
Solo que un golpe militar, como dice el amigo Mueller Rojas, no se puede
dar en el “vacío”. Lo que vemos en Bolivia es el intento de la derecha mundial,
de llenar este vacío.
Pero, el golpe militar es como
el asalto bancario: solo tiene exitoso si conserva el momento de la sorpresa.
Este momento lo han perdido los subversivos bolivianos. Es un deber ético divulgar su proyecto golpista de la manera
más amplia posible, para abortarlo.
Hoy, más que nunca, la Revolución boliviana necesita nuestra solidaridad mundial.
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