Ayer viernes, el obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, Raúl
Vera, señaló que el estado de Oaxaca, al igual que el país, "está
secuestrado y sujeto a perder la paz" debido a los partidos políticos,
empecinados en proteger y mantener en el poder a personajes como el
gobernador de la entidad, Ulises Ruiz. El llamado de atención del
prelado pone el dedo en la llaga en el actual conflicto oaxaqueño entre
la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el mandatario
estatal, apoyado por su partido, el Revolucionario Institucional (PRI):
¿Qué es mejor para Oaxaca y para México, la renuncia de Ulises Ruiz
para dar paso a una solución negociada entre todos los actores (hay que
recordar que la APPO ha afirmado que la tensión se reduciría
drásticamente si el gobernador presenta su dimisión) o una probable
confrontación entre las fuerzas policiacas y los manifestantes?
De acuerdo con el obispo Vera, "el PRI ya no tiene derecho a estar
pasando por encima de la nación", en clara referencia a la defensa
contra viento y marea que ha hecho este partido de Ulises Ruiz, por lo
que cuestionó la permanencia de éste al frente del Ejecutivo estatal,
quien "ya no tiene nada que hacer" en el cargo. Asimismo, sostuvo que
con el asesinato del maestro Jaime René Calvo Aragón se está
prefigurando una situación similar a la de Acteal, Chiapas donde
ocurrió una matanza de indígenas, en 1997, que podría servir para
"justificar una solución tajante" al conflicto.
La
advertencia del prelado no es gratuita: la APPO consiguió una copia del
plan de Operaciones Hierro, diseñado por la Dirección General de
Seguridad Pública del Estado, que consiste en un detallado operativo
policiaco para reprimir a los integrantes de la sección 22 y de la
asamblea, recuperar las oficinas y radiodifusoras tomadas por los
inconformes y proceder a la detención masiva y encarcelamiento
fast-track de los manifestantes. Según el documento, unos mil 950
agentes de la policía preventiva del estado, de la Unidad Policial de
Operaciones Especiales, de la Policía Ministerial del estado, de la
policía municipal de Oaxaca y de la Policía Auxiliar, Bancaria,
Industrial y Comercial participarían en el plan. Además, el vocero de
la APPO, Florentino López Martínez, denunció la posible intervención
del grupo de sicarios de Los Zetas, vinculados a narcotraficantes del
cártel del Golfo.
Esta probable confrontación obliga a hacer
un balance de las posibles soluciones al conflicto. Por un lado, cabe
preguntarse cuál sería el costo político de la caída de Ulises Ruiz,
demanda de la APPO y la sección 22 que ha ido creciendo desde hace
varios meses. Sin lugar a dudas, esa medida afectaría al PRI, pero
sería un costo considerablemente menor comparado con el daño que
causaría dar la espalda a un reclamo popular en uno de los estados más
pobres de la República: en México, la gente está cada vez más harta de
que las autoridades y fuerzas políticas les cierren todas las salidas.
Por otro lado, hay que preguntar cuál sería el costo social de una
solución que no contemple la salida de Ulises Ruiz. Dado el elevado
grado de confrontación que se vive en Oaxaca, su permanencia en el
Ejecutivo estatal sólo podría desembocar en más violencia.
En
tal contexto, la posición del gobierno federal, que rechaza la dimisión
de Ulises Ruiz y que tan sólo propone la destitución de los titulares
de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia estatales, no es
una solución viable, ya que no resuelve las cuestiones de fondo de este
conflicto. Así, mientras no se llegue a una respuesta adecuada que tome
en cuenta las realidades de Oaxaca, esta confrontación corre el peligro
de degenerar en un violento enfrentamiento que enturbiará aún más el
clima político nacional.
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