El negocio de la guerra
La
historia de los beneficios estadounidenses de la guerra está
plagada de egregios ejemplos de incompetencia, fraude, evasión
de impuestos, soborno y prácticas irregulares. Tal y como el
historiador de la guerra Stuart Brandes ha sugerido, cada nueva
guerra está infectada por nuevas maneras de [obtener]
beneficios de guerra. Iraq no es una excepción. Desde la
delictiva mala gestión de los beneficios generados por el
petróleo iraquí hasta los contratistas de seguridad
privada armados que operan con total impunidad, la guerra de Iraq ha
creado las oportunidades para una descarada cantidad de corrupción.
Halliburton se ha convertido en sinónimo de
beneficiario de la guerra, aunque existen un montón de dedos
codiciosos sobre el pastel. Lo que sigue es una lista de los diez
peores beneficiarios de la guerra de Iraq que han estafado a los
contribuyentes estadounidenses y han minado la misión militar
[1].
Números
1 y 2: CACI y ‘Titan’
A
comienzos de 2005, oficiales de la CIA declararon a The Washington
Post que al menos el 50% de los 40 mil millones de dólares
de su presupuesto estimado para ese año se dirigiría a
contratistas privados, una cantidad sorprendente que sugiere que las
preocupaciones generadas por las fuentes de los servicios de
inteligencia apenas se ha sido tenidas en cuenta en la toma de
decisiones políticas.
En
2004, el [periódico] Orlando Sentinel informaba sobre
un caso que ilustra lo que puede estar yendo mal: el empleado de
Titan, Ahmed Fathi Mehalba, traductor egipcio, fue detenido
por poseer información clasificada de la prisión de la
Bahía de Guantánamo. Los críticos afirman que
los abusos en Abu Ghraib son otro ejemplo de cómo se pueden
borrar los límites cuando los contratistas se involucran en
tareas de inteligencia. CACI proporcionó un total de 36
interrogadores a Iraq, incluidos más de 10 a [la prisión
de] Abu Ghraib en algún momento, según esta compañía.
Aunque ni CACI ni Titan, ni ninguno de sus empleados han sido
acusados de delito, una investigación filtrada por el ejército
implicó al empleado de CACI, Stephen Stefanowicz en abusos
contra presos. El papel de CACI y de Titan en Abu Ghraib ha
conducido al Centro por los Derechos Constitucionales a llevar a las
empresas y a sus empleados en los tribunales de EEUU.
“[…]
Creemos que CACI y Titan formaban parte de una conspiración
para torturar a y abusar de los detenidos y que lo hicieron para
obtener dinero”, declara Susan Burke, abogada del Centro de
Derechos Constitucionales cuya querella contra las compañías
se está siguiendo en el Tribunal Federal del distrito de
Colombia. Las denuncias privadas parecen haber surtido ya algún
efecto: en septiembre de 2005, CACI anunció que dejaría
de hacer trabajos de interrogatorios en Iraq.
Titan,
por su parte, se ha escapado hasta el momento de afrontar serias
consecuencias por sus problemas (a comienzos de 2005 fue considerada
culpable de tres cargos relacionados con sobornos internacionales y
acordó pagar 28,5 millones de dólares por [violar] el
Acta de Prácticas de Corrupción en el Extranjero). El
contrato de la empresa con el Ejército ha sido prorrogado
numerosas veces y supera en la actualidad los mil millones de
dólares. El año pasado L-3 Communications compró
Titan cuando emergía como el conglomerado empresarial
de [servicios de] inteligencia más importante del mundo.
Número
3: ‘Betchel’, beneficios prefabricados
Este
gigante de la construcción y de la ingeniería con base
en San Francisco recibió uno de los más importantes
contratos (de 2,4 mil millones de dólares) para intervenir en
la coordinación y reconstrucción de una basta parte de
la infraestructura iraquí. Pero los fracasos de la empresa en
materia de reconstrucción abarcan desde las reparaciones mal
hechas en escuelas hasta no haber podido acabar en el plazo y sin
salirse del presupuesto un gran hospital en Basora. Recuérdese
que el jefe de la USAID, Andrew Natsios, originalmente denominó
la reconstrucción [de Iraq] como un “Plan Marshall” para
Oriente Medio. Natsios debería haber sabido que no todo sería
fácil con Betchel a la cabeza: antes de vincularse a la
Administración Bush, había sido jefe ejecutivo de la
Massachussets Turnpike Authority donde supervisaba [la
construcción d]el Gran Dique cuyo coste se excedió de
los 2,6 mil millones de dólares a los 14,6 mil millones bajo
la dirección de Betchel.
En
julio cayó inesperadamente como una losa de 12 toneladas de
cemento la reputación de la empresa por no haber conseguido
acabar las obras cuando Stuart Bowen, el inspector general especial
para la Reconstrucción de Iraq (SIGIR, en sus siglas en
inglés) hizo pública una auditoria sobre el Proyecto
del Hospital Infantil de Basora, que se había disparado del
presupuesto inicial de 70 millones de dólares a 90 millones un
año y medio después de cuando estaba previsto [la
finalización de sus obras]. El contrato de Betchel para
coordinar el proyecto fue cancelado de forma inmediata. Ahora que el
dinero se escapa los funcionarios estadounidenses comienzan a culpar
a los iraquíes de que son ellos [los iraquíes] quienes
gestionan mal sus propias infraestructuras. Pero como advierte Bowen,
contratistas como Betchel, la [extinta] Autoridad Provisional
de la Coalición (APC) [dirigida por Paul Bremer] y otras
agencias contratistas sólo podrán culparse a sí
mismas por no haber sido capaces de formar a los ingenieros iraquíes
en el funcionamiento de esas instalaciones (especialmente sistemas de
agua, depuradoras y electricidad) una vez que se hayan ido.
Número
4: ‘Servicios de Defensa Aegis’
La
Oficina General de Contabilidad (GAO, en sus siglas en inglés)
estima que están estacionados en Iraq unos 48.000 empleados de
seguridad privada y contratistas militares. La insistencia del
Pentágono en pasar por alto los requisitos de las fuerzas
militares (evitando con ello la necesidad de establecer unas pautas)
es una de las razones de ese crecimiento desorbitado que ha inflado
las fortunas de los “combatientes empresarios” hasta tal punto
que los observadores proyectan que la industria alcanzará los
200 mil millones de dólares por año en 2010. Sin
embargo, la introducción de contratistas privados de seguridad
(CPS) ha situado “[…] tanto al ejército como a los
proveedores de seguridad ante grandes riesgos por daños”,
afirma la GAO, debido a que los CPS quedan fuera de la cadena de
mando y no operan bajo el código de la justicia militar.
La
profesora de la Universidad George Washington, Deborah Avant, autora
de Market for Force, experta en industria, sostiene que aunque
los CPS pueden actuar profesionalmente, la voluntad del gobierno de
contratar a pocas compañías de cowboys como
Aegis Defense Service (firma ubicada en Gran Bretaña
cuyo infame fundador Tim Spicer, de CEO, estuvo implicado en romper
el embargo de armas en Sierra Leona) únicamente refuerza los
temores de que la política exterior de EEUU está siendo
delegada amercenarios de las corporaciones. Un industrial
declaró a Avant que el contrato de 293 millones fue
concedido a pesar de que los competidores estadounidenses habían
presentado costes más bajos, sugiriendo que el gobierno quería
emplear a la compañía extranjera para blindar ambos
lados de la transacción ante la responsabilidad por cualquier
“asunto sucio”. Resulta duro decir con cuánta frecuencia
los CPS han cometido violaciones de los derechos humanos en Iraq; el
Charlotte News Observer informaba en marzo que los
contratistas de seguridad disparan sistemáticamente contra
vehículos civiles. El problema fue ampliamente ignorado hasta
que un “video trofeo” [que mostraba a] guardias de seguridad
disparando con rifles automáticos contra coches de civiles
[iraquíes] fue colgado en una página de Internet y se
volvió contra AEGIS.
Como
la División de Investigación Penal del Ejército
dice que no se acusará ni a Aegis ni a sus empleados,
los críticos consideran que ello solo demuestra hasta qué
punto los contratistas quedan fuera de la ley bajo la actual
legislación. Desde que comenzó la “Guerra contra el
terrorismo”, únicamente un civil, el interrogador contratado
por la CIA David A. Passaro, ha sido hallado culpable de felonía
asociada a las tácticas en los interrogatorios. Incluso la
Asociación de Operaciones Internacionales de Paz, una
asociación de empresas de la industria que insiste en que la
industria se guía por códigos de conducta rigurosos, ha
rechazado que Aegis se una a sus socios.
Número
5: Bateles, el primer contratista condenado
En
marzo, Custer Battles se convirtió en el primer contratista de
Iraq hallado culpable de fraude. Un juez ordenó a la empresa
el pago de más de 10 millones de dólares por daños
en 37 casos de fraude, incluida falsa facturación. En agosto,
sin embargo, el juez del caso retiró la mayor parte de las
acusaciones debido a un tecnicismo, y sentenció que como la
Autoridad Provisional de la Coalición no formaba parte
estrictamente del gobierno de EEUU, no existían bases para la
demanda ante los tribunales de EEUU.
El
abogado de Battles, Robert Rhoad, mantiene que “[…] sencillamente
no existía evidencia de fraude o intento de fraude”. De
hecho el juez declaró que la empresa había expedido
“[…] falsas y fraudulentas facturas infladas”. También
permitió que el veredicto del juzgado se declarase contra la
empresa por haber amenazado con represalias a quienes declararon
contra ella originando que el caso llegase hasta el Acta de Falsas
Demandas (False Claims Act), la ley que permite a los
ciudadanos iniciar el derecho privado de acciones [legales] para
recuperar dinero en nombre de los contribuyentes. Durante el juicio,
el general retirado Hugo Tant III testificó que el fraude “[…]
era probablemente el peor que he visto jamás en mis 30 años
en el Ejército”. Cuando Tant declaró ante Mike
Battles, uno de los propietarios de la empresa, que 34 ó 36
carros [de combate] proporcionados por la empresa no funcionaban,
este respondió:
“Usted
nos pidió carros y cumplimos nuestro contrato; que los carros
funcionaran o no, no es relevante.”
El
caso de Custer Battle está siendo revisado a fondo por la
comunidad de contratistas ya que podrían salir a la luz otros
muchos casos de fraude. Aún hay pendientes unos 70 casos de
fraude contra varios contratistas. No se sabe quiénes son (un
caso ha sido recientemente establecido contra EGL, [empresa]
subcontratista de Halliburton, por cuatro millones de dólares)
ya que los casos archivados bajo el Acta de Falsas Demandas están
bajo secreto hasta que el gobierno no decide si se suma a las
demandas. Ello significa que algunas compañías acusadas
de fraude aún tienen que ser identificadas públicamente,
lo que hace difícil a los funcionarios de contratos federales
suspenderlas o excluirlas de nuevos contratos. La Fuerza Aérea
de EEUU suspendió a Custer Battles para nuevos contratos en
septiembre de 2004, una vez que se reveló el supuesto fraude.
Sin embargo, en mayo, The Wall Street Journal informaba de la
existencia de intentos de poner fin a la orden de suspensión
por parte de dos antiguos altos cargos de la Armada que habían
creado una compañía que había comprado restos a
Custer Battles. Mientras tanto, Alan Grayson, el fiscal que llevó
el caso contra Custer Battles, dice que debido a las órdenes
establecidas por la APC, los iraquíes no tienen posibilidad de
recuperar nada de los 20 mil millones de dólares usados para
pagar a los contratistas de EEUU. La APC efectivamente, creo una
“Zona de libre fraude”, sostiene Grayson [2].
Número
6: ‘General Dynamics’
La
mayoría de los grandes contratistas de defensa han tenido
buenos resultados como consecuencia de la guerra contra el
terrorismo. El balance de 5 años de Lockheed Martin,
por ejemplo, revela que el stock de la empresa ha doblado su valor
desde 2001. Sin embrago, The Washington Post informó en
julio que, según los analistas de la industria, quien ha
recibido mayores beneficios directos de la guerra contra Iraq entre
los grandes contratistas de defensa es Gneral Dynamics. Ello
tiene que ver en buena medida con el hecho de que la compañía
ha enfocado su negocio de sistemas de combate al abastecimiento al
Ejército con todo tipo de materiales: balas, tanques o
vehículos Striker que se utilizaron por primera vez
durante la invasión de 2003.
En
Julio, The Washington Post informaba que los beneficios de la
empresa se habían triplicado desde el 11-S. Ello debe haber
causado satisfacción a alguna gente, incluido a David K.
Heebner, un antiguo asistente del Jefe del Estado Mayor del Ejército,
Eric Shinseki, quien fuera contratado por General Dynamics en
1999, un año antes de que se cerrase el contrato de los
[vehículos] Striker. Según los supervisores de
defensa del Proyecto Gubernamental Oversight (POGOP, en sus siglas en
inglés). General Dynamics anunció formalmente
que iba a contratar a Heebner el 20 de noviembre de 1999, justo un
mes después de que Shinseki anunciase una nueva visión
para transformar el ejército deshaciéndose de los
vehículos pesados y adquiriendo nuevos vehículos
armados más ligeros, y un mes y pico antes de que se produjera
el retiro oficial de Heebners, el 31 de diciembre de 1999.
En
menos de un año y medio después, Heebner fue presentado
en la presentación del primer Striker en Alabama donde
fue alabado por Shinseki por su trabajo en el Ejército en el
proyecto Stryker. Aunque el inspector general del Pentágono
concluyó en una investigación preliminar que Heebner se
había retirado de cualquier relación en proyectos que
estuviesen relacionados con su empleado una vez que se le había
ofrecido el trabajo, los críticos mantienen que las actuales
normas de la ética son demasiado débiles. Está
claro que el ejército se inclinaba a dar un contrato de
billones de dólares a General Dynamics al mismo tiempo
que Heebner estaba en negociaciones con la compañía
para un puesto ejecutivo” dice Jeffrey St. Clair, autor de Gran
Theft Pentagon, una arrebatadora revisión de mercantilismo
durante la “guerra contra el terrorismo”.
El
caso de Heebner es similar a otro infame de Marlene Druyan, de
Boeing, una oficial de la Fuerza Aérea que fue condenada a
nueve meses de prisión y a siete de arresto domiciliario por
haber pactado un salario de 250.000 dólares al año
parea ella al mismo tiempo que estaba negociando contratos para la
Fuerza Aérea que eran favorables a Boeing. En marzo de este
año, Heebner declaró haber ganado 33.500 acciones en la
empresa que suponen más de cuatro millones de dólares
además de otras 21.050 opciones.
No
todo el mundo está satisfecho con el resultado del contrato de
los Striker. Toim Christie, el director de pruebas operativas
y evaluaciones del Pentágono envió una carta
clasificada a Donald Rumself antes de que se desplegasen en Iraq [los
vehículos Stryker] advirtiéndole de que el
vehículo de 3 millones de dólares no estaba preparado
para recibir fuego de artillería. Para entonces, GAO advirtió
de serias deficiencias en el vehículo de entrenamiento que se
les había proporcionado, una preocupación que se
convirtió en algo serio cuando los soldados condujeron
accidentalmente los Strykers a las aguas del río
Tigris. A pesar de las peticiones públicas de altos oficiales
del Ejército, un informe interno del Ejército filtrado
a The Washington Post en marzo de 2005 revelaba que los
vehículos desplegados en Iraq han dado multitud de problemas
en su engranaje y mantenimiento que “[…] están yendo a
peor y no a mejor”. Quizá, como seguro contra cualquier
denuncia, General Dynamics ha añadido al ex Fiscal
General [de EEUU] John Ashcroft entre los miembros de su poderoso
lobby. Entre ellos se encuentran Juleanna Glover Weiss,
secretaria de prensa del ex vicepresidente [estadounidense] Dick
Cheney, Lory Day Sharp, anterior asesora de Ashcroft, y Willie
Gaynor, un ex funcionario del Departamento de Comercio que trabajó
igualmente en la campaña para la reelección de Bush y
de Cheney en 2004.
Número
7: ‘Nour USA Ltd.’
Incorporada
poco después de que comenzase la guerra, Nour USA
Ltd. ha recibido 400 millones de dólares en contratos en
Iraq —incluido el contrato de 80 millones para proporcionar
seguridad a los oleoductos— que los críticos dicen se
concedieron a través de la intervención de Ahmad
Chalabi, el oportunista [opositor] número uno de Iraq, quien
tuvo su influencia en la escalada de EEUU hacia la pesadilla del
presente con engañosas afirmaciones sobre armas de destrucción
masiva [del anterior régimen iraquí].
Chalabi
ha negado los informes según los cuales habría recibido
dos millones de dólares pero otros licitadores en el contrato
precisan que Nour no tenía ninguna experiencia anterior
relacionada y que su oferta en el contrato de la seguridad del
petróleo era demasiado baja para ser creíble. Otro
consultor de la compañía que no ha negado haber
recibido dinero por intervenir es William Cohen, el ex secretario de
Defensa bajo [la Administración] Clinton. Muchos iraquíes
consideran que Chalabi es la opción designada a dedo por EEUU
para gobernar Iraq, a pesar de ser un fugitivo buscado por la
justicia en Jordania y a pesar de haber sido acusado de pasar
información clasificada a Irán.
Iyad
Allawi, un rival potencial por el poder en Iraq [y ex primer ministro
de Iraq], ha criticado públicamente a Chalabi por haber
realizado contratos de trabajos que según él deberían
ser responsabilidad del Estado.
Números
8, 9, y 10: ‘Chevron’ y ‘ExxonMobil’, y los
‘petroimperialistas’
Tras
tres años de ocupación y después de una serie de
hábiles maniobras legales y de citas políticas
manipuladoras, la toma de posesión del crudo de Iraq por parte
de los gigantes del petróleo está casi completa [3].
La pieza clave del proceso tuvo lugar en septiembre de 2004, cuando
el primer ministro designado por EEUU, Iyad Alaui adquirió
derecho de preferencia en las elecciones de enero de 2005 y en [la
elaboración d]el borrador de Constitución subsiguiente,
redactando las guías básicas para crear las bases de
una nueva ley sobre el petróleo. La política de Alaui
excluyó de manera efectiva que el gobierno [iraquí]
pudiera tener en el futuro ninguna intervención en la
producción de petróleo al mismo tiempo que prometía
la privatización de la compañía nacional iraquí
del petróleo. Aunque Alaui ya no está en el poder, sus
planes han influido de manera decisiva en el pensamiento sobre
política petrolera.
Dando
su apoyo para que el proceso siguiera adelante se encuentran los
economistas de Bearing Point, consultores cuyos últimos
contratos estipulan “[…] la intervención del sector
privado en sectores estratégicos, incluidas la privatización,
ventas de activos, concesiones, arriendos y contratos de gerencia,
especialmente en la industria del petróleo y en las
relacionadas con ésta”.
Por
su parte, los gigantes de la industria del petróleo han tomado
un perfil relativamente bajo en el proceso prestando tan solo una
serie de estadistas a la APC, incluido Philip Carroll (de Shell US
Fluor), Rob Mckee (de Conoco Philips y Halliburton)
y Norman Szydlowski (de Chevron Texaco), el enlace de la APC
con el nuevo ministerio de Petróleo de Iraq. Grez Muttitt de
la plataforma británica Non profit declara que Chevron,
Shell y Conoco Phillips están entre las más
ambiciosas de todas las grandes compañías de petróleo
en Iraq. Shell y Chevron ya han firmado acuerdos con el
gobierno iraquí y han comenzado a formar equipos iraquíes
y a conducir estudios; acuerdos que han dado a estas compañías
un acceso vital a los funcionarios del ministerio del Petróleo
y a datos geológicos.
A
pesar de que el ministro de Petróleo iraquí, Husain
al-Shahristani declaraba en agosto pasado que la competición
final por el desarrollo de los campos de petróleo iraquí
sería abierta, los acuerdos preliminares otorgarán a
los gigantes del petróleo una ventaja significativa cuando
llegue el momento. El grado de interés de las grandes
compañías petroleras depende de su apetito por el
riesgo y de su necesidad de [obtener] reservas. Shell, por
ejemplo, ha actuado peor que ninguna para hallar nuevas reservas en
los últimos años —hecho subrayado por un escándalo
sucedido en 2004 en el que se desveló que la compañía
estaba mintiendo a sus inversionistas.
En
este momento, el reto clave de las multinacionales es si pueden
convencer al Parlamento iraquí para que apruebe una nueva ley
del petróleo para finales de este año. Una provisión
central de esta nueva ley estipula el compromiso de utilizar los
denominados Acuerdos de Producción Compartida (PSA, en sus
siglas en inglés) que blindarán al gobierno [iraquí]
en un compromiso a largo plazo (más de 50 años) para
compartir los beneficios del petróleo y restringirán su
derecho a introducir nuevas leyes que pudieran afectar a los
beneficios de las compañías. Greg Muttitt dice que
estos acuerdos están diseñados para favorecer a las
compañías privadas a expensas de exportar gobiernos y
que esa es la razón de que ninguno de los grandes países
productores de petróleo de Oriente Medio los utilice. Bajo la
nueva ley de petróleo, todos los yacimientos nuevos y algunos
de los ya existentes quedarían abiertos a las compañías
privadas mediante estos PSA. Comoquiera que menos de 20 de los 80
yacimientos conocidos en Iraq han sido ya explotados, si el gobierno
de Iraq acepta firmar los PSA ello podría costar al país
cerca de 200 mil millones de dólares en pérdidas de
beneficios, según Muttitt, director de investigación de
“Designios del Crudo: la estafa del petróleo iraquí”.
Mientras
tanto, en una especie de movimiento de pinza, el Parlamento ha
empezado a sentir la presión del Fondo Monetario Internacional
para que adopte la nueva ley de petróleo. Por supuesto
presionar a un país tan volátil como Iraq para que
acepte cualquier tipo de acuerdo sin permitir primero un debate
parlamentario legítimo supone un gran peligro. Es una manera
aventurada de alimentar la democracia en un país que parece
que ya ha entrado en una guerra civil. “Si se toma a la ligera
—bien denegando un reparto justo a las regiones donde se ubica el
crudo, o dándoles demasiada autonomía a costa de la
cohesión nacional— esas decisiones sobre el petróleo
podrían fracturar y, en última instancia quebrar el
país”, apunta Muttitt.
*
Charlie Cray es director de ‘Center for Corporate Policy’ de
Washington DC
Texto
original en inglés: http://www.alternet.org/waroniraq/41083
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